CAPITULO PRIMERO: PRINCIPIOS GENERALES

ARTÍCULO 1º – NATURALEZA DE LA ORDENANZA

De acuerdo con lo previsto en el artículo 106.2 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y la Ley 39/1988 de 28 de Diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, el Ayuntamiento acuerda modificar y aprobar la Ordenanza General de gestión, recaudación e inspección, la cual tiene por objeto establecer los principios básicos y normas comunes a todas las exacciones que constituyen el régimen fiscal de este Municipio. Estas normas se considerarán parte integrante de las Ordenanzas fiscales reguladoras de cada tributo, en todo lo que no esté especialmente regulado en las mismas.

ARTICULO 2º – GENERALIDAD DE LA IMPOSICION

1. La obligación de contribuir, en los términos que establecerá esta Ordenanza Fiscal General y las respectivas Ordenanzas fiscales particulares, es general y no podrán establecerse otras exenciones, reducciones y bonificaciones que las concretamente previstas y autorizadas por Ley o las derivadas de la aplicación de los Tratados Internacionales.
2. Los actos o convenios entre particulares que alteren la posición del sujeto pasivo y los demás elementos de la obligación tributaria no surtirán efecto ante la Administración.

ARTICULO 3º. INTERPRETACION

1.No se admitirá la analogía para extender más allá de sus términos estrictos el ámbito del hecho imponible, de las exenciones y demás beneficios o incentivos fiscales.

2. En el ámbito de las competencias del Ayuntamiento, la facultad de dictar instrucciones y circulares, interpretativas o aclaratorias de las normas tributarias, corresponde de forma exclusiva al titular del Área competente en materia de Hacienda.

ARTICULO 4º – EXIGIBILIDAD DE LA EXACCION

1. Los tributos se exigirán con arreglo a la verdadera naturaleza jurídica del presupuesto del hecho definido por la Ley, cualquiera que sea la forma o denominación que los interesados le hayan dado, y prescindiendo de los textos que pudieran afectar a su validez.
2. De conformidad con lo establecido en el artículo 6 de la Ley 39/1988, de 28 de Diciembre, los tributos que establezcan las Entidades locales al amparo de lo dispuesto en el artículo 106.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, respetarán, en todo caso, los siguientes principios:
a) No someter a gravamen bienes situados, actividades desarrolladas, rendimientos originados ni gastos realizados fuera del territorio de la respectiva Entidad.
b) No gravar, como tales, negocios, actos o hechos celebrados o realizados fuera del territorio de la Entidad impositora, ni el ejercicio o la transmisión de bienes, derechos u obligaciones que no hayan nacido ni hubieran de cumplirse en dicho territorio.
c) No implicar obstáculo alguno para la libre circulación de personas, mercancías o servicios y capitales, ni afectar de manera efectiva a la fijación de la residencia de las personas o a la ubicación de Empresas y capitales dentro del territorio español, sin que ello obste para que las Entidades locales puedan instrumentar la ordenación urbanística de su territorio.

CAPITULO SEGUNDO: ELEMENTOS DE LA RELACION TRIBUTARIA

ARTICULO 5º – EL HECHO IMPONIBLE

1. El hecho imponible es el presupuesto de naturaleza jurídica o económica fijada en la Ordenanza correspondiente para configurar cada exacción y cuya realización origina el nacimiento de la obligación de contribuir.
2. Cada Ordenanza Fiscal particular completará la determinación del hecho imponible, así como de las condiciones en que nace la obligación de contribuir.

ARTICULO 6º – SUJETO PASIVO

1. Sujeto pasivo es la persona natural o jurídica que, según la Ordenanza de cada tributo, resulta sometida al cumplimiento de las obligaciones tributarias.
2. Tendrán la consideración de sujeto pasivo:
a) El contribuyente, que es la persona sobre la que recae la exacción; es decir, la persona natural o jurídica a quien la Ordenanza fiscal impone la carga tributaria derivada del hecho imponible.
b) El sustituto del contribuyente, es aquella persona física o jurídica que por imposición de la Ley y el lugar del contribuyente, está obligada a cumplir las obligaciones tributarias, materiales y formales.
3. También tendrán la consideración de sujetos pasivos las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que, carente de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio separado, susceptible de imposición.
4. En caso de separación del dominio directo y del dominio útil la obligación de pago recae, como regla general, directamente sobre el titular del dominio útil, salvo que en la Ordenanza particular de cada exacción se disponga otra cosa.
5. Tendrán la condición de sustitutos del contribuyente:
a) En las tasas establecidas por razón de servicios o actividades que beneficien o afecten a los ocupantes de viviendas o locales, los propietarios de dichos inmuebles, quienes podrán repercutir, en su caso, las cuotas sobre los respectivos beneficiarios.
b) En las tasas establecidas por el otorgamiento en las licencias urbanísticas reguladas en el artículo 242 del Real Decreto Legislativo 1/1992, Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, los constructores y contratistas de obras.
c) En las tasas establecidas por la prestación de servicio de extinción de incendios, la Entidad o Sociedad aseguradora del riesgo.

ARTICULO 7º – BASE DE GRAVAMEN

1. Se entiende por base de gravamen:
a) La calificación del hecho imponible como módulo de imposición, cuando la deuda tributaria venga determinada por cantidades fijas.
b) El aforo en unidades de cantidad, peso o medida del hecho imponible, sobre las que se aplicará la tarifa pertinente para llegar a determinar la deuda tributaria.
c) La valoración en unidades monetarias del hecho imponible tenida en cuenta por la Administración municipal, sobre la que, una vez practicadas, en su caso, las reducciones determinadas en las respectivas Ordenanzas particulares, se aplicará el tipo pertinente para llegar a la determinación de la deuda tributaria.
2. La Ordenanza particular de cada tributo podrá establecer el carácter voluntario o forzoso de los regímenes de estimación directa u objetiva singular de las bases imponibles, de los que será subsidiario el de estimación indirecta. Cuando la normativa propia de cada exacción no regule expresamente los medios y métodos para determinar la base de gravamen, se utilizarán las normas de la Ley General Tributaria y las demás leyes reguladoras de la materia, así como los reglamentos dictados para su desarrollo.

 

CAPITULO TERCERO: LA DEUDA TRIBUTARIA

ARTICULO 8º

La cuota se determinará:
a) Según cantidad fija, señalada al efecto en la correspondiente Ordenanza.
b) Según tarifas establecidas en las Ordenanzas particulares que se aplicarán sobre la base de gravamen a que se refiere el artículo 7º.b).
c) Por aplicación del valor base de imposición del artículo 7º.c) del tipo de gravamen proporcional o progresivo que corresponda.
d) Globalmente en las contribuciones especiales, para el conjunto de los obligados a contribuir, por el tanto por ciento del coste de las obras e instalaciones que se imputen al interés particular; distribuyéndose la cuota global entre los sujetos pasivos, conforme a los módulos fijados en la respectiva Ordenanza.

ARTICULO 9º

1. La deuda tributaria estará constituida por la cuota o cantidad a ingresar que resulte de la obligación tributaria principal o de las obligaciones de realizar pagos a cuenta.

2. Además, la deuda tributaria estará integrada, en su caso, por:

a)      El interés de demora.

b)     Los recargos por declaración extemporánea.

c)      Los recargos del período ejecutivo.

d)     Los recargos exigibles legalmente sobre las bases o las cuotas, a favor del Tesoro o de otros entes públicos.

3. Las sanciones tributarias que puedan imponerse de acuerdo con lo dispuesto en el título IV de la Ley General Tributaria no formarán parte de la deuda tributaria, pero en su recaudación se aplicarán las normas incluidas en el capítulo V del título III de la Ley citada.

ARTICULO 10º – DEUDORES PRINCIPALES DE LA DEUDA TRIBUTARIA

1. La deuda tributaria deberá ser satisfecha en primer lugar por el contribuyente, el sustituto, el que deba ingresar a cuenta o el retenedor a quien se haya notificado reglamentariamente la correspondiente liquidación o que por precepto legal deba autoliquidar aquella e ingresar su importe en la Tesorería Municipal.
2. Asimismo, las sanciones pecuniarias impuestas como consecuencia de infracciones tributarias deberán ser satisfechas en primer lugar por los sujetos infractores.
3. Según el artículo 34 de la Ley General Tributaria, la concurrencia de dos o más titulares en el hecho imponible determinará que queden solidariamente obligados frente a la Hacienda Municipal, salvo que la Ley propia de cada tributo dispusiere lo contrario.

ARTICULO 11º – OBLIGADOS AL PAGO DE LAS DEUDAS TRIBUTARIAS

1. Están obligados al pago de las deudas tributarias como deudores principales, según los casos:
a) Los sujetos pasivos de los tributos, lo sean como contribuyentes o como sustitutos.
b) Los retenedores y quienes deban efectuar ingresos a cuenta de cualquier tributo.
c) Los sujetos infractores, estén o no comprendidos en las letras anteriores, por las sanciones pecuniarias que les sean impuestas.
2. A falta de pago de las deudas tributarias por los deudores principales, están asimismo obligados al pago de las mismas:
a) Los responsables solidarios.
b) Los adquirentes de explotaciones y actividades económicas.
c) Los responsables subsidiarios, previa declaración de fallidos de los deudores principales.
3. En el caso de Sociedades o Entidades disueltas y liquidadas, sus obligaciones tributarias pendientes se transmitirán a los socios o partícipes en el capital, que responderán de ellas solidariamente.
4. Los sucesores mortis causa de los obligados al pago de las deudas tributarias enumerados en los apartados anteriores, se subrogarán en la posición del obligado a quien sucedan.
No obstante, a la muerte del sujeto infractor no se transmiten las sanciones pecuniarias impuestas al mismo.
5. Los obligados al pago de las deudas tributarias responden del cumplimiento de sus obligaciones con todos sus bienes presentes y futuros, salvo las excepciones previstas en las leyes y en particular las siguientes:
a) Los socios o partícipes en el capital de sociedades o entidades disueltas y liquidadas responderán de las obligaciones tributarias pendientes de ésta hasta el límite del valor de la cuota de liquidación que se les hubiere adjudicado.
b) los sucesores «mortis causa» responderán de las obligaciones tributarias pendientes de sus causantes con las limitaciones que resulten de lo dispuesto en la legislación civil para la adquisición de la herencia.
6. En cuanto a los responsables solidarios, procedimiento para exigir la responsabilidad, responsables por adquisición de explotaciones o actividades económicas, responsables subsidiarios y sucesores en las deudas tributarias se estará a lo dispuesto en los artículos 12 al 15 del Reglamento General de Recaudación y a las modificaciones que con posterioridad puedan promulgarse sobre tales materias.

ARTICULO 12º – PAGO

El pago de los tributos municipales, en cuanto a medios, modo, forma, plazos y demás extremos que suscite, se regulará por las normas establecidas en el capítulo de Recaudación de esta Ordenanza y a lo dispuesto en el Reglamento General de Recaudación y a las normas que los complementen o sustituyan.

ARTICULO 13º – PRESCRIPCION

Prescribirán a los cinco años los siguientes derechos y acciones:
1. En favor de los sujetos pasivos:
a) El derecho de la Administración municipal para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación, contado desde el día que finalice el plazo reglamentario para presentar la correspondiente declaración.
b) La acción para exigir el pago de las deudas tributarias liquidadas, contado desde la fecha en que finalice el plazo de pago voluntario.
c) La acción para imponer sanciones tributarias, contado desde el momento en que se cometieran las respectivas infracciones.
2. En favor de la Administración: El derecho a la devolución de ingresos indebidos, contado desde el día en que se realizo dicho ingreso.

ARTICULO 14º

1. Los plazos de prescripción a que se refiere el número 1 del artículo anterior se interrumpen:
a) Por cualquier acción administrativa, realizada con conocimiento formal del sujeto pasivo, conducente al reconocimiento, regulación, inspección, aseguramiento, comprobación, liquidación y recaudación del tributo devengado por cada hecho imponible.
b) Por la interposición de reclamaciones o recursos de cualquier clase.
c) Por cualquier actuación del sujeto pasivo conducente al pago o la liquidación de la deuda tributaria.
2. Para el caso del apartado 2 del artículo anterior, el plazo de prescripción se interrumpirá por cualquier acto fehaciente del sujeto pasivo que pretenda la devolución del ingreso indebido, o por cualquier acto de la Administración municipal en que se reconozca su existencia.

CAPITULO CUARTO: NORMAS DE GESTION

ARTICULO 15º – PRINCIPIOS GENERALES

1. La gestión de los tributos comprende todas las actuaciones necesarias para la determinación de la deuda tributaria y su recaudación.
2. Toda persona natural o jurídica, pública o privada, estará obligada a proporcionar a la Administración municipal toda clase de datos, informes, antecedentes con trascendencia tributaria, deducidos de sus relaciones económicas, profesionales o financieras con otras personas, todo ello de conformidad con la normativa establecida en la Ley General Tributaria, con las modificaciones que puedan introducirse en la regulación futura.

ARTICULO 16. LA GESTION TRIBUTARIA

  1. Las actuaciones y el ejercicio de las funciones propias de la gestión tributaria, en los términos señalados en la Ley General Tributaria, se realizarán de acuerdo con lo establecido en dicha ley, con las especialidades propias del ámbito local contempladas en la normativa tributaria local y en esta ordenanza.
  2. La gestión tributaria municipal consiste en el ejercicio de las funciones administrativas dirigidas a:
  • La recepción y tramitación de declaraciones, autoliquidaciones, comunicaciones de datos y demás documentos con trascendencia tributaria.
  • La comprobación y realización de las devoluciones previstas en la normativa tributaria.
  • El reconocimiento y comprobación de la procedencia de los beneficios fiscales de acuerdo con la normativa reguladora del correspondiente procedimiento.
  • El control y los acuerdos de simplificación relativos a la obligación de facturar, en cuanto tengan trascendencia tributaria.
  • La realización de actuaciones de control del cumplimiento de la obligación de presentar declaraciones tributarias y de otras obligaciones formales.
  • La realización de actuaciones de verificación de datos.
  • La realización de actuaciones de comprobación de valores.
  • La realización de actuaciones de comprobación limitada.
  • La práctica de liquidaciones tributarias derivadas de las actuaciones de verificación y comprobación realizadas.
  • La emisión de certificados tributarios.
  • La elaboración y mantenimiento de los censos tributarios.
  • La información y asistencia tributaria.
  • La realización de las demás actuaciones de aplicación de los tributos no integradas en las funciones de inspección y recaudación.

3. Las actuaciones y el ejercicio de las funciones a las que se refiere el apartado anterior se realizarán de acuerdo con lo establecido en la Ley General Tributaria y en su normativa de desarrollo.

4. De acuerdo con lo previsto en la normativa tributaria, la gestión tributaria se iniciará:

  • A instancia del obligado tributario, mediante solicitud, comunicación, autoliquidación, o cualquier clase de declaración.
  • De oficio por la Administración tributaria municipal.

ARTICULO 17º – LA DECLARACION TRIBUTARIA

1. Se considerará declaración tributaria todo documento por el que se manifieste o reconozca que se ha dado o producido las circunstancias o elementos de un hecho imponible; entendiéndose también como tal declaración la presentación ante la Administración municipal de documentos en que se contenga o que constituya un hecho imponible.
2. Al tiempo de la presentación los interesados podrán presentar una copia o fotocopia de la declaración para que sea sellada por la Administración y servir como recibo acreditativo de la misma.
3. Al presentar un documento de prueba podrán los interesados acompañarlo de una copia simple o fotocopia para que, la Administración Municipal, previo cotejo, devuelva el original, salvo que por ser privado el documento o por cualquier otra causa legítima se estimara que no debe ser devuelto antes de la resolución definitiva del procedimiento.
4. En ningún caso se exigirá que las declaraciones fiscales se formulen bajo juramento.

ARTICULO 18º

1.Será obligatoria la presentación de la declaración, autoliquidación o comunicación dentro de los plazos determinados en la Ordenanza Fiscal reguladora de cada tributo. En su defecto y con carácter general, dentro del mes natural siguiente a aquel en que se produzca el hecho imponible, modificación o cesará el mismo.
2. Al presentar las declaraciones, tanto las personas físicas como jurídicas deberán facilitar a la Administración tributaria su número de D.N.I. y N.I.F. respectivamente.
3. La Administración municipal puede recabar declaraciones, así como la subsanación de los defectos advertidos en cuanto fuese necesario para la liquidación de la exacción.
4. El incumplimiento de los deberes a que se refiere el párrafo anterior será considerado como infracción simple y sancionado como tal.

ARTICULO 19º – CONSULTAS

1. Los sujetos pasivos y demás obligados tributarios podrán formular mediante escrito dirigido al órgano competente consulta debidamente documentada respecto al régimen, la clasificación o la calificación tributaria que en cada caso les corresponda.
2. No obstante, el sujeto pasivo que, dentro de plazo, cumpliera con las obligaciones tributarias de acuerdo con la contestación que a su consulta diere la Administración municipal, no incurrirá en responsabilidad si la consulta reunió los siguientes requisitos:
a) Que hubiere comprendido todos los antecedentes y circunstancias necesarias para la formación del juicio de la Administración.
b) Que aquéllos antecedentes y circunstancias no hubieran sufrido alteración posterior.
c) Que se hubiere formulado la consulta antes de producirse el hecho imponible o dentro del plazo concedido para su declaración.
3. La exención de responsabilidad cesará cuando se modifique la legislación aplicable y no impedirá, en ningún caso, la exigencia de intereses de demora además de las cuotas y recargos pertinentes.
4. Al tener la contestación carácter de mera información, los interesados no podrán entablar recurso alguno aún cuando puedan hacerlo posteriormente contra el acto administrativo basado en ella.

ARTICULO 20º – INVESTIGACION

1. La Administración municipal investigará los hechos, actos situaciones, actividades, explotaciones y demás circunstancias que integren o condicionen el hecho imponible.
2. La investigación se realizará mediante examen de documentos, libros, facturas, justificantes, y asientos de contabilidad principal o auxiliar del sujeto pasivo; también con la inspección de bienes, elementos, explotaciones y cualquier otro antecedente o información que sea necesaria para la determinación del tributo.
3. Los sujetos pasivos están obligados a llevar y conservar los libros, registros y demás documentos que en cada caso se establezca y a facilitar la práctica de las inspecciones, proporcionando a la Administración los datos, antecedentes o justificantes que tengan relación con el hecho imponible.

ARTICULO 21º – INSPECCION

Las actuaciones de la Inspección se regirán por las normas contenidas en el capítulo destinado a la materia en esta Ordenanza y a las normas contenidas en la Ley General Tributaria, Reglamento de la Inspección de Tributos y las demás que las complementen o sustituyan.

ARTICULO 22º – LIQUIDACIONES TRIBUTARIAS

1. La liquidación tributaria es el acto resolutorio mediante el cual el Servicio de Gestión Tributaria del Ayuntamiento de Arcos de la Frontera realiza las operaciones de cuantificación necesarias y determina el importe de la deuda tributaria o de la cantidad que, en su caso, resulte a devolver o a compensar de acuerdo con la normativa tributaria.
2. La Administración Tributaria Municipal no estará obligada a ajustar las liquidaciones a los datos consignados por los obligados tributarios en las autoliquidaciones, declaraciones, comunicaciones, solicitudes o cualquier otro documento.
3. Dichas liquidaciones serán practicadas:
a) Por el funcionario responsable del Servicio Municipal de Gestión Tributaria para su posterior aprobación por parte del Sr./Sra. Alcalde/sa u órgano en el que se hubiese delegado tal competencia.
b) Por el sujeto pasivo en aquellos tributos en que, en sus Ordenanzas fiscales, se establezca el sistema de autoliquidación y en los casos de pago mediante efectos timbrados.
c) Por la Inspección de Tributos en los resultantes de las actuaciones de comprobación e investigación.

ARTICULO 23º – LIQUIDACIONES PROVISIONALES O DEFINITIVAS

1. Las liquidaciones tributarias serán definitivas y provisionales.
2. Tendrán la consideración de definitivas:
a) Las practicadas previa investigación administrativa del hecho imponible y comprobación de la base de gravamen, haya mediado o no liquidación provisional.
b) Las que no hayan sido comprobadas dentro del plazo de prescripción.
3. Tendrán la consideración de provisionales:
Todas las demás liquidaciones fuera de los casos que se indican en el número anterior, sean a cuenta, complementaria, parciales o totales.

ARTICULO 24º – NOTIFICACION DE LAS LIQUIDACIONES

1. Las liquidaciones deberán ser notificadas a los obligados tributarios en los términos previstos en la sección III del capítulo II del título III de la Ley General Tributaria.
2. Las liquidaciones se notificarán con expresión de:
a) La identificación del obligado tributario.
b) Los elementos determinantes de la cuantía de la deuda tributaria.
c) La motivación de las mismas cuando no se ajusten a los datos consignados por el obligado tributario o a la aplicación o interpretación de la normativa realizada por el mismo, con expresión de los hechos y elementos esenciales que las originen, así como de los fundamentos de derecho.
d) Los medios de impugnación que puedan ser ejercidos, órgano ante el que hayan de presentarse y plazo para su interposición.
e) El lugar, plazo y forma en que debe ser satisfecha la deuda tributaria.
f) Su carácter de provisional o definitiva.
3. En los tributos de cobro periódico por recibo, una vez notificada la liquidación correspondiente al alta en el respectivo registro, padrón o matrícula, podrán notificarse colectivamente las sucesivas liquidaciones mediante edictos que así lo adviertan.
4. El aumento de base imponible sobre la resultante de las declaraciones deberá notificarse al contribuyente con expresión concreta de los hechos y elementos adicionales que lo motiven, excepto cuando la modificación provenga de revalorizaciones de carácter general autorizadas por las leyes.
5. Reglamentariamente podrán establecerse los supuestos en los que no será preceptiva la notificación expresa, siempre que la Administración así lo advierta por escrito al obligado tributario o a su representante.

ARTICULO 25º – PADRONES Y MATRICULAS

1. Podrán ser objeto de padrón o matrícula de contribuyentes y listas cobratorias los tributos en los que, por su naturaleza, se produzca continuidad del hecho imponible.
2. En los tributos de cobro periódico en los que la gestión corresponda íntegramente al Ayuntamiento, el Padrón o Matrícula se elaborará, por cada período, por la Administración tributaria, teniendo en cuenta las declaraciones de los interesados y demás datos que se conozcan como consecuencia de las actuaciones de comprobación e investigación.
3. Las altas se producirán, bien por declaración del sujeto pasivo o bien por la acción investigadora de la Inspección municipal y surtirán efecto desde la fecha posterior en que, por disposición de la Ordenanza respectiva, se produzca el devengo del tributo y la obligación de contribuir.
4. Las bajas deberán ser formuladas por los sujetos pasivos y, una vez comprobadas, producirán la definitiva eliminación del padrón, con efectos a partir del período siguiente a aquél en que hubieren sido presentadas, salvo que en la Ordenanza Fiscal del tributo de que se trate se establezca otra cosa.
5. Los contribuyentes estarán igualmente obligados a poner en conocimiento de la Administración, dentro del plazo de TREINTA DÍAS hábiles siguientes a aquél en que se produzca, toda modificación que pueda originar alta, baja o alteración en el padrón.
6. Las listas cobratorias elaboradas en base a ello, se someterán cada ejercicio a la aprobación del Órgano Municipal competente en materia tributaria y se expondrán al público a efectos de reclamación durante un plazo de 15 días, contados desde la publicación del anuncio en el B.O.P.
7. En los demás casos, el órgano de la Administración competente para la elaboración del correspondiente padrón o matrícula, deberá remitirlo, anualmente, en los plazos que, en cada caso se establezcan, al Ayuntamiento, al efecto de proceder a su aprobación y exposición al público.

8. Contra la exposición pública de los padrones, y de las liquidaciones integrantes de estos, se podrá interponer, con carácter potestativo, el recurso de reposición previsto en el art. 14 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la finalización del periodo de exposición pública del padrón, o reclamación económico administrativa ante el Tribunal Económico Administrativo en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la finalización del periodo voluntario.

ARTICULO 26º – CONCIERTOS

En materia de conciertos se estará a lo dispuesto en la legislación vigente y a lo que establezcan las Ordenanzas fiscales de cada tributo.

CAPITULO QUINTO: RECAUDACION

SECCION I. Disposiciones Generales

ARTICULO 27º – GESTION RECAUDATORIA

1. La gestión recaudatoria consiste en el ejercicio de la función administrativa conducente a la realización de los créditos tributarios y demás de derecho público municipales.
2. Toda liquidación reglamentariamente notificada al sujeto pasivo constituye a éste en la obligación de satisfacer la deuda tributaria.
3. La recaudación de los tributos se realizará mediante el pago voluntario o en período ejecutivo.
4. El pago voluntario deberá hacerse dentro de los plazos señalados en la Ordenanza reguladora del tributo o, en su defecto, en la normativa recogida en la Sección II de este Capítulo.
5. La recaudación de tributos y otros ingresos de derecho público municipales se realizará en período voluntario en las oficinas municipales o a través de las entidades colaboradoras de recaudación.
6. En el caso de tributos y precios públicos de vencimiento periódicos, una vez notificada la liquidación de alta se incluirá en el correspondiente padrón y las cuotas sucesivas deberán ser satisfechas en los plazos fijados en la comunicación, que podrá ser utilizada como documento de pago. Se remitirá por correo ordinario o por empresas privadas, dado que no es preceptivo el poder acreditar su recepción, por tratarse de notificación colectiva, que será publicada mediante edictos en el Boletín Oficial de la Provincia. Si no se recibieran los documentos, el interesado podrá acudir a las oficinas municipales o a las designadas al efecto, donde se expedirá el correspondiente duplicado.
7. El período ejecutivo se inicia, el día siguiente al del vencimiento reglamentariamente establecido para su ingreso y, determina el devengo de un recargo del 20 por 100 del importe de la deuda no ingresada, y se realizará en la forma y con los efectos previstos en la Sección III de este Capítulo.

ARTICULO 28º – DOMICILIACION BANCARIA

1. En el supuesto de recibos domiciliados, no será necesario remitir al domicilio del contribuyente el documento de pago y, los datos de la deuda, se incorporarán en el soporte magnético que origina el cargo bancario, debiendo la entidad financiera expedir y remitir el correspondiente cargo a cuenta.
2. Se ordenará el cargo en la cuenta de los obligados al pago el primer día del último mes el vencimiento del período voluntario. Si la domiciliación no fuera atendida, la entidad bancaria lo comunicará antes de la finalización del período voluntario de cobranza, para iniciar a su vencimiento, la gestión recaudatoria en período ejecutivo.

ARTICULO 29º – ENTIDADES COLABORADORAS

1. Son colaboradoras en la recaudación, las Entidades Financieras autorizadas, las cuales en ningún caso tendrán el carácter de órgano de la recaudación municipal.
2. La autorización de las nuevas entidades colaboradoras habrá de ser aprobadas por la Comisión de Gobierno.
3. Las funciones a realizar por las entidades colaboradoras de la recaudación, son las siguientes:
a) Recepción y custodia de los fondos, entregados por parte de cualquier persona, como medio de pago de los créditos municipales, siempre que se aporte el documento expedido por el Ayuntamiento y el pago tenga lugar en las fechas reglamentadas.
b) Las entidades colaboradoras situarán en cuentas restringidas, de la que sea titular el Ayuntamiento, los fondos procedentes de la recaudación. Esta cuenta deberá permitir:
• Movimientos de abonos: por el importe de los cobros realizados cada día o por rectificación de errores.
• Movimiento de adeudos: por el traspaso de la recaudación a la cuenta indicada, por talones nominativos a favor del Ayuntamiento o por rectificación de errores. El saldo de la cuenta deberá ser en todo momento acreedor o cero.
c) Las entidades colaboradoras centralizarán los fondos recaudados en una de sus oficinas, que mantendrá las relaciones con las Zonas de Recaudación o la Entidad Gestora, para todos los asuntos relacionados con la recaudación.
d) Las Entidades Colaboradoras deberán reflejar en las domiciliaciones de pago, como justificante de los mismos, certificación numérica o sello y firma de la oficina recaudadora, para que tenga poder liberatorio ante el Ayuntamiento.A tales efectos, no se admitirán pagos parciales.
e) Cuando el obligado al pago no hubiera recibido el documento, o lo hubiera extraviado, deberá solicitar el duplicado en las oficinas municipales o a la Entidad Gestora, en su caso. Sin el mismo no admitirá el ingreso la Entidad Colaboradora.

ARTICULO 30º – OBLIGADOS AL PAGO

1. En primer lugar, están obligados al pago como deudores principales:
a) Los sujetos pasivos de los tributos, lo sean contribuyentes o sustitutos.
b) Los retenedores y
c) Los infractores, por las sanciones pecuniarias que les sean impuestas.
2. Si los deudores principales, no pagan deuda, estarán obligados al pago:
a) Los responsables solidarios.
b) Los responsables subsidiarios, previa declaración de fallidos de los deudores principales.
3. Cuando sean dos o más responsables solidarios o subsidiarios de la misma deuda, ésta podrá exigirse íntegramente a cualquiera de ellos.
4. Salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabilidad será siempre subsidiaria.
5. Los sucesores «mortis causa» de los obligados al pago de las deudas se subrogarán en la posición del obligado a quien sucedan, respondiendo de las obligaciones pendientes de éste con las limitaciones que resulten de lo dispuesto en la legislación civil para la adquisición de herencia. No obstante, a la muerte del sujeto infractor no se transmiten las sanciones pecuniarias impuestas al mismo.

ARTICULO 31º – RESPONSABLES SOLIDARIOS

1. En los supuestos de responsabilidad solidaria previstos por las leyes, cuando haya transcurrido el período voluntario de pago sin que el deudor principal haya satisfecho la deuda, se reclamará a los responsables solidarios el pago de la misma, y si no efectúa éste, la responsabilidad se extenderá automáticamente al recargo de apremio y la deuda será exigida en vía ejecutiva.
2. Cuando sean dos o más los responsables solidarios de una misma deuda, ésta podrá exigirse íntegramente a cualquiera de ellos.

ARTICULO 32º – PROCEDIMIENTO PARA EXIGIR LA RESPONSABILIDAD SOLIDARIA

1. Transcurrido el período voluntario de pago, el Recaudador preparará el expediente, en base al cual, el Jefe de la Sección de Recaudación, con la conformidad del Tesorero, propondrá a la Alcaldía que dicte el acto administrativo de declaración de responsabilidad.
2. Notificado el acuerdo de declaración de responsabilidad se concederá período de audiencia, por plazo de quince días hábiles, en el cual los interesados podrán examinar el expediente y, alegar y presentar los documentos que estimen pertinentes. Vistas las alegaciones en su caso presentadas y, si no ha sido satisfecha la deuda, se dictará acto de desviación de responsabilidad, confiriéndoles desde dicho instante todos los derechos del deudor principal. Dicho acto será notificado al responsable, con el siguiente contenido:
a) Elementos esenciales de la liquidación.
b) Texto íntegro del acuerdo de declaración de responsabilidad.
c) Medios de impugnación que pueden ser ejercidos por los responsables, contra la liquidación o la extensión de responsabilidad, con indicación de plazos de interposición de recursos, lugares donde pueden ser presentados y órganos ante los que pueden imponerse.
d) Lugar, plazo y forma en que debe ser satisfecha la deuda.
e) Advertencia de que, transcurrido el período voluntario que se concederá para el ingreso, la responsabilidad se extenderá automáticamente al recargo de apremio.
3. Las acciones dirigidas contra un deudor principal o un responsable solidario no impedirán otras acciones posteriores contra los demás obligados al pago, mientras no se recaude el total de la deuda.

ARTICULO 33º – RESPONSABLES SUBSIDIARIOS

1. En los supuestos previstos en las leyes, están obligados al pago de la deuda los responsables subsidiarios, cuando se declare fallido el deudor principal y los demás responsables solidarios y se haya dictado acto administrativo de derivación de responsabilidad.
2. Con carácter previo al acuerdo de derivación de responsabilidad, se dará audiencia al interesado en la forma regulada en el artículo anterior y, el acto administrativo de derivación será dictado por la Alcaldía y notificado en la forma establecida en dicho artículo.
3. La responsabilidad, al igual que la solidaria, alcanzará a la totalidad de la deuda tributaria, con excepción de las sanciones.

ARTICULO 34º – SUCESORES DE LAS DEUDAS TRIBUTARIAS

1. Disuelta y liquidada una sociedad se exigirá a sus socios o partícipes en el capital, el pago de la deuda pendiente hasta el límite del valor de la cuota de liquidación que se hubiere adjudicado.
2. Fallecido cualquier obligado al pago de la deuda, la gestión recaudatoria continuará con sus herederos.
3. En el supuesto de no existir herederos conocidos o cuando los conocidos hayan renunciado a la herencia o no la hayan aceptado, el Recaudador pondrá los hechos en conocimiento de la Tesorería, quien dará traslado a la Asesoría Jurídica, a los efectos pertinentes.
4. Si procediere dar acto de derivación de responsabilidad, se dará audiencia previa a los interesados, por término de quince días hábiles.

ARTICULO 35º – LUGAR DE PAGO

1. Las deudas a favor de la Administración municipal se ingresarán en la Caja de la misma cuando no esté expresamente previsto que el ingreso pueda o deba efectuarse en las Cajas habilitadas a los distintos servicios municipales.
2. Podrá realizarse igualmente el ingreso de las deudas en las cuentas a favor de este Ayuntamiento, abiertas al efecto en Bancos o Cajas de Ahorro o en las Cajas de las Zonas recaudatorias municipales, cuando se trate de deuda derivada directamente de padrón de contribuyente y las recaudadas en período ejecutivo.

ARTICULO 36º – LEGITIMACION PARA EFECTUAR Y RECIBIR EL PAGO

1. El pago puede realizarse por cualquiera de los obligados y, también, por terceras personas con plenos efectos extintorios de la deuda.
2. El tercero que haya pagado una deuda no podrá solicitar a la Administración municipal la devolución del ingreso y, tampoco, ejercer otros derechos del obligado, sin perjuicio de las acciones que en vía civil pudieran corresponderle.

ARTICULO 37º – DEBER DE COLABORACION CON LA ADMINISTRACION

1. Toda persona natural o jurídica, pública o privada, está obligada a proporcionar a la Administración Tributaria toda clase de datos, informes o antecedentes necesarios para la cobranza de las cantidades que, como ingresos de Derecho público, aquella deba percibir.
2. En particular, las personas o entidades depositarias de dinero en efectivo o en cuentas, valores u otros bienes de deudores a la Administración Municipal en período ejecutivo, están obligados a informar a los órganos y agentes de recaudación ejecutiva y a cumplir los requerimientos que les sean hechos por los mismos en el ejercicio de sus funciones legales. El incumplimiento de estas obligaciones no podrán ampararse en el secreto bancario.
3. Todo obligado al pago de una deuda deberá manifestar, cuando se le requiera, bienes y derecho de su patrimonio en cuantía suficiente para cubrir el importe de la deuda tributaria, de acuerdo con el orden previsto en el apartado 2 del artículo 131 de la Ley General Tributaria.
4. Los sujetos pasivos u obligados tributarios deberán consignar su Número de Identificación Fiscal o al menos, su número de Documento Nacional de Identidad, en cuantas declaraciones, comunicaciones o escritos presenten ante la Administración Tributaria, para que quede reflejado en las liquidaciones tributarias a que dieran lugar.
5. El número de identificación podrá acreditarse mediante la exhibición bien de la tarjeta expedida para constancia del Código de Identificación, bien el Documento Nacional de Identidad o de un documento oficial en que figure el número personal de identificación de extranjero.
6. También, los sujetos pasivos u obligados tributarios deberán consignar en Número de Identificación Fiscal de otras personas o Entidades, con quienes establezcan relaciones económicas o profesionales, en declaraciones, comunicaciones o documentos con trascendencia fiscal, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 338/1990, de 29 de Marzo, por el que se regula la composición y la forma de utilización del número de Identificación Fiscal.

ARTICULO 38º – AFECCION DE BIENES

1. En los supuestos en que se transmita la propiedad o la titularidad de un derecho real de usufructo o de superficie o de una concesión administrativa, los bienes inmuebles objeto de dichos derechos quedarán afecto al pago de la titularidad de las deudas por Impuestos sobre Bienes Inmuebles.
2. El importe de la deuda a que se extiende la responsabilidad alcanza los conceptos de:
• Cuota del impuesto sobre Bienes Inmuebles.
• Recargo de apremio.
• Recargos exigibles, a favor de otros entes públicos.
• Intereses de demora.
3. La deuda exigible, integrada por los conceptos referidos en el punto anterior, es la devengada con anterioridad a la fecha de transmisión, siempre que no esté prescrita,
4. La derivación de la acción tributaria contra los bienes afectos exigirá acto administrativo y será aprobada por la Alcaldía previa audiencia a los interesados, por término de quince días hábiles.
5. La derivación de responsabilidad será notificada al adquirente, indicándole plazos para efectuar el pago y medios de impugnación contra la liquidación o contra la procedencia de la desviación de responsabilidad.

SECCION II. Recaudación voluntaria

ARTICULO 39º – PLAZOS DE INGRESO EN PERIODO VOLUNTARIO

1. Las deudas tributarias resultantes de una autoliquidación deberán pagarse en los plazos que establezca la normativa de cada tributo.
2. En el caso de deudas tributarias resultantes de liquidaciones directas practicadas por la Administración, el pago en período voluntario deberá hacerse en los siguientes plazos:
a) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días uno y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 del mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
b) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día cinco del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
3. El pago en período voluntario de las deudas de notificación colectiva y periódica que no tengan establecido otro plazo en sus normas reguladoras deberá efectuarse en el período comprendido entre el día 1 de septiembre y el 20 de noviembre o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
La Administración Tributaria Municipal podrá modificar el plazo señalado en el párrafo anterior siempre que dicho plazo no sea inferior a dos meses, mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local.
4. Las deudas que deban abonarse mediante efectos timbrados se pagarán en el momento de la realización del hecho imponible, si no se dispone otro plazo en su normativa específica.
5. Las deudas, no satisfechas en período voluntario, se exigirá en vía de apremio, computándose, en su caso, como pago a cuenta las cantidades satisfechas.
6. Para que la deuda en período voluntario quede extinguida, debe ser pagada en su totalidad.

Artículo 39.bis. Recargos por declaración extemporánea sin requerimiento previo.

1. Los recargos por declaración extemporánea son prestaciones accesorias que deben satisfacer los obligados tributarios como consecuencia de la presentación de autoliquidaciones o declaraciones fuera de plazo sin requerimiento previo de la Administración tributaria.

A los efectos de este artículo, se considera requerimiento previo cualquier actuación administrativa realizada con conocimiento formal del obligado tributario conducente al reconocimiento, regularización, comprobación, inspección, aseguramiento o liquidación de la deuda tributaria.

2. Si la presentación de la autoliquidación o declaración se efectúa dentro de los 3, 6 ó 12 meses siguientes al término del plazo establecido para la presentación e ingreso, el recargo será del 5%, 10% o 15%, respectivamente.

Dicho recargo se calculará sobre el importe a ingresar resultante de las autoliquidaciones o sobre el importe de la liquidación derivado de las declaraciones extemporáneas y excluirá las sanciones que hubieran podido exigirse y los intereses de demora devengados hasta la presentación de la autoliquidación o declaración.

Si la presentación de la autoliquidación o declaración se efectúa una vez transcurridos 12 meses desde el término del plazo establecido para la presentación, el recargo será del 20% y excluirá las sanciones que hubieran podido exigirse. En estos casos, se exigirán los intereses de demora por el período transcurrido desde el día siguiente al término de los 12 meses posteriores a la finalización del plazo establecido para la presentación hasta el momento en que la autoliquidación o declaración se haya presentado.

En las liquidaciones derivadas de declaraciones presentadas fuera de plazo sin requerimiento previo no se exigirán intereses de demora por el tiempo transcurrido desde la presentación de la declaración hasta la finalización del plazo de pago en período voluntario correspondiente a la liquidación que se practique, sin perjuicio de los recargos e intereses que corresponda exigir por la presentación extemporánea.

3. Cuando los obligados tributarios no efectúen el ingreso ni presenten solicitud de aplazamiento, fraccionamiento o compensación al tiempo de la presentación de la autoliquidación extemporánea, la liquidación administrativa que proceda por recargos e intereses de demora derivada de la presentación extemporánea según lo dispuesto en el apartado anterior no impedirá la exigencia de los recargos e intereses del período ejecutivo que correspondan sobre el importe de la autoliquidación.

ARTICULO 40º – FORMA DE PAGO

El pago de las deudas habrá de realizarse en efectivo o mediante el empleo de efectos timbrados, según se disponga en las normas reguladoras de cada ordenanza. En caso de falta de disposición expresa, el pago habrá de hacerse en efectivo.

ARTICULO 41º – MEDIOS Y LUGAR DE PAGO

1. El pago de las deudas que deban realizarse en efectivo se hará por algunos de los medios siguientes:
a) Dinero en curso legal.
b) Giro postal o telegráfico.
c) Cheque conformado de cuenta corriente bancaria o de Cajas de Ahorro.
d) Cheque bancario.
e) Carta de abono o de transferencias bancarias o de Cajas de Ahorro en las cuentas abiertas al efecto a favor de este Ayuntamiento.
2. Con carácter general, el pago se efectuará en las oficinas municipales, en las zonas de recaudación o en las entidades colaboradoras.
3. No obstante lo previsto anteriormente, cuando se trate de deudas de vencimiento periódico, podrá acordarse la domiciliación se su pago en cuentas abiertas en Entidades de depósito con oficinas en Arcos de la Frontera, de modo que éstas actúen como administrador del sujeto pasivo pagando las deudas que éste haya autorizado; tal domiciliación no necesita más requisito que los contribuyentes cumplimenten la orden de domiciliación que serán entregadas en las siguientes dependencias municipales:
• Las del Impuesto sobre Bienes Inmuebles: en la Tesorería o en las oficinas de la entidad con la que se tenga suscrito el convenio especial de colaboración, en período voluntario.
• Las del resto de tributos y precios públicos: en la zona recaudatoria donde proceda el pago.
4. El plazo de presentación será al menos de dos meses antes del comienzo del período voluntario de cobranza. En otro caso, surtirá efecto a partir del período siguiente. Las domiciliaciones de pago tendrán validez por tiempo indefinido en tanto no sean anuladas por el interesado, rechazadas por la Entidad de depósito en que hayan de presentarse los instrumentos de cobros, o cuando la Administración disponga expresamente su invalidez por razones justificadas.
5. Los recibos cuyo pago hayan sido domiciliados por el contribuyente en una Entidad de depósito y sean devueltos por impagados se seguirá el procedimiento de apremio, con el recargo del 20 por 100, intereses de demora y, en su caso, las costas que produzcan.

ARTICULO 42º – CONCLUSION DEL PERIODO VOLUNTARIO

La recaudación en período voluntario concluirá el día de vencimiento de los correspondientes plazos de ingreso señalado en esta Ordenanza y, en su defecto, en el artículo 20 del Reglamento General de Recaudación.

SECCION III. Recaudación ejecutiva

ARTICULO 43º – INICIO DEL PERIODO EJECUTIVO

1. El período ejecutivo se inicia, para las liquidaciones previamente notificadas, no ingresadas a su vencimiento, el día siguiente al vencimiento del plazo de ingreso en período voluntario.
2. Para las deudas a ingresar mediante declaración-liquidación o autoliquidación presentada sin realizar el ingreso, se devenga el recargo de apremio a la finalización del plazo reglamentariamente determinado para dicho ingreso o, si éste hubiere concluido, al presentar aquella.
3. El inicio del período ejecutivo determina el devengo de un recargo el 20 por 100 del importe de la deuda no ingresada, así como el de los intereses de demora correspondientes a ésta. Este recargo será del 10 por 100 cuando la deuda no ingresada se satisfaga antes de que haya sido notificada la providencia de apremio y no se exigirá intereses de demora devengados desde el inicio del período ejecutivo.

ARTICULO 44º – PLAZO DE INGRESO EN PERIODO EJECUTIVO

1. Una vez iniciado el período ejecutivo y notificada la providencia de apremio, el pago de la deuda tributaria deberá efectuarse en los siguientes plazos:
a) Si la notificación de la providencia se realiza entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 de dicho mes o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
b) Si la notificación de la providencia se realiza entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día cinco del mes siguiente o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

ARTICULO 45º – INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE APREMIO

1. El procedimiento de apremio se inicia mediante providencia de apremio, expedida por el Tesorero municipal, la cual será notificada al deudor en la que se identificará la deuda pendiente y requerirá para que efectúe su pago con el recargo del 20 por 100 del importe de la misma.
2. Si el deudor no hiciere el pago el pago dentro del plazo señalado en el artículo anterior, se procederá al embargo de sus bienes, advirtiéndose así en la providencia de apremio.
3. La providencia de apremio podrá ser impugnada por los siguientes motivos:
a) Pago o extinción de la deuda.
b) Prescripción.
c) Aplazamiento.
d) Falta de notificación de la liquidación o anulación o suspensión de la misma.

ARTICULO 46º – EMBARGO DE BIENES

1. El embargo se realizará sobre los bienes del deudor en cuantía suficiente para cubrir el importe de la deuda, los intereses y las costas del procedimiento, respetando siempre el principio de proporcionalidad.
2. En el embargo se guardará el orden previsto en el apartado 2 del artículo 131 de la Ley General Tributaria, salvo que a solicitud del deudor se altere el orden de embargo, siempre que, los bienes señalados garanticen con la misma eficacia y prontitud el cobro de la deuda que los preferentemente deban ser trabados y no causare con ello perjuicio a terceros.
3. No se embargarán los bienes o derechos declarados inembargables con carácter general por las leyes ni aquellos de cuya realización se presuma que resultaría fruto insuficiente para la cobertura del coste de dicha realización.
4. Cuando los fondos o valores se encuentren depositados en cuentas a nombre de varios titulares sólo se embargará la parte correspondiente al deudor. A estos efectos, el saldo se presumirá dividido en partes iguales, salvo que se pruebe una titularidad material diferente.
5. Cuando el embargo sobre el cobro de sueldos, salarios o pensiones, deberá respetarse las limitaciones a que se refiere los artículos 1.449 y 1.451 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

ARTICULO 47º – INTERESES DE DEMORA

1. Las cantidades adeudadas devengarán intereses de demora desde el día siguiente al vencimiento de la deuda en período voluntario hasta la fecha de su ingreso.
2. La base sobre la que se aplicará el tipo de interés no incluirá el recargo de apremio.
3. Para las deudas tributarias el tipo de interés se fijará de acuerdo con lo establecido en el artículo 58.2.c) de la Ley General Tributaria y para las deudas no tributarias de conformidad con lo preceptuado en el artículo 36 de la Ley General Presupuestaria.
4. Cuando se satisfaga una deuda en período ejecutivo antes de que sea notificada la providencia de apremio, no se exigirán intereses de demora.
5. El cálculo y el pago de los intereses se efectuará en el momento de hacer efectiva la deuda apremiada.
6. En caso de ejecución de bienes embargados o de garantía o en el supuesto de embargo de dinero en efectivo o en cuentas, se practicará liquidación de intereses al aplicar el líquido obtenido a la cancelación de la deuda o en el momento del embargo, si la garantía el dinero disponible fuese superior a la deuda perseguida. Caso contrario, le practicará liquidación de intereses devengados, la cual será notificada con indicación del plazo de pago.
7. No se practicará la liquidación a que hace referencia el número anterior, cuando la cantidad resultante por intereses de demora sea inferior a mil pesetas.

ARTICULO 48º – TERMINO DEL PROCEDIMIENTO DE APREMIO

1. El procedimiento de apremio termina:
a) Con el pago del débito.
b) Con el acuerdo de fallido total o parcial de los deudores principales y los demás responsables, si los hubiere.
c) Con el acuerdo de haber quedado extinguido el débito por cualquier otra causa legal.
2. En los casos de falta de pago total o parcial por declaración de crédito incobrable, el procedimiento de apremio ultimado se reanudará, dentro del plazo de prescripción, cuando se tenga noticia de que el deudor o responsables son solventes.

SECCION IV. Aplazamientos y fraccionamientos

ARTICULO 49º – SOLICITUD

1. La administración municipal podrá fraccionar o aplazar el pago de las deudas, previa petición de los obligados, siempre que su situación económico-financiera les impida transitoriamente efectuar el pago del debito.

2. En la solicitud de los aplazamientos y fraccionamientos de pago se deberá exponer y probar las dificultades económicas-financieras del deudor que le impida, transitoriamente, hacer frente al pago puntual de sus débitos.

3. La solicitud de aplazamiento y fraccionamiento del pago contendrá, necesariamente, los siguientes datos:

a) Nombre y apellidos, número de identificación fiscal y domicilio del solicitante, y el carácter o representación con que interviene, así como, en cualquier caso, el nombre y apellidos o la razón o denominación social completa, el número de identificación fiscal, el domicilio del interesado y el lugar señalado a efectos de notificaciones.

b) Identificación de la deuda o deudas, indicando concepto, referencia contable, importe y fecha de finalización del plazo de ingreso, si se encuentra en período voluntario de recaudación.

c) Causas que motivan la solicitud.

d) Plazos y condiciones que se proponen.

e) Garantía que se ofrece, o en su caso solicitud de dispensa de garantía, conforme a lo dispuesto en el art. 82 de Ley 58/03.

f) Lugar, fecha y firma del solicitante.

4. A la solicitud se deberá acompañar:

a) Modelo oficial de autoliquidación o declaración liquidación, debidamente cumplimentada, cuando se trate de deudas que, de acuerdo con lo establecido en su Ordenanza Fiscal reguladora, deban autoliquidarse.

b) Documento que acredite la representación.

c) Justificación de la existencia de una dificultad de tesorería que le impida de forma transitoria efectuar el pago en el plazo establecido.

d) Compromiso irrevocable de aval solidario de entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca o certificado de seguro de caución.

e) Demás documentación exigida en el caso que se solicite la admisión de garantía distinta a aval de entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca o certificado de seguro de caución.

f) En el caso de que se solicite exención total y parcial de la garantía, se aportará junto con la solicitud, además de los documentos de los apartados b) y c), la siguiente documentación: declaración responsable manifestando carecer de bienes, informe justificativo de la imposibilidad de obtener aval, balance y cuenta de resultados de los tres últimos años en caso de empresarios y profesionales y plan de viabilidad o cualquier otra información que justifique la posibilidad de cumplir con el fraccionamiento o aplazamiento solicitado.

5. Si la solicitud no reúne los requisitos o no se acompaña la documentación a que se refiere el artículo 49.4, se requerirá al solicitante para que, en un plazo de diez días, subsane la deficiencia, con indicación de que si así no lo hiciera se le tendrá por desistido de su solicitud, archivándose sin más trámite la misma.

6. Si la solicitud no reúne los requisitos o no se acompaña la documentación a que se refiere el artículo 49.5, se requerirá al solicitante para que, en un plazo de diez días, subsane la deficiencia, con indicación de que si así no lo hiciera se le tendrá por desistido de su solicitud, archivándose sin más trámite la misma.

ARTICULO 50º – CRITERIOS

Se establecen los siguientes criterios objetivos a tener en cuenta en la concesión o denegación del aplazamiento o fraccionamiento, de los cuales se informará al solicitante en el momento de realizar su solicitud:

1. Para las deudas cuya exacción se lleve a cabo mediante padrón-recibos no se concederán aplazamientos/fraccionamientos.

2. Para las deudas de carácter tributario cuya exacción se realice por medio de liquidaciones de carácter individualizado y en función del importe principal de la deuda se aplicarán los plazos máximos que se establecen en la siguiente escala:

PRINCIPAL DEUDA PLAZO MAXIMO

  • Hasta 600 euros 6 meses
  • Hasta 1.000 euros 9 meses
  • Hasta 1.500 euros 12 meses
  • Hasta 2.500 euros 18 meses
  • Hasta 5.000 euros 24 meses
  • Superior a 5.000 euros 36 meses

3. En las deudas que se deriven de sanciones (multas) por infracciones urbanísticas y en función del importe principal de la deuda regirá la siguiente escala de plazos máximos:

PRINCIPAL DEUDA PLAZO MAXIMO

  • Hasta 600 euros 6 meses
  • Hasta 1.000 euros 9 meses
  • Hasta 1.500 euros 12 meses
  • Hasta 2.500 euros 18 meses
  • Hasta 4.999,99 euros 24 meses
  • Hasta 23.999,99 euros 48 meses
  • Hasta 35.999,99 euros 60 meses
  • Superior a 36.000 euros 66 meses

4. La falta de ingreso de ingreso de alguna de las cantidades aplazadas/fraccionadas a su vencimiento, determinará el vencimiento anticipado de todas las fracciones pendientes y la exigibilidad en vía de apremio de la totalidad de la deuda pendiente.

5. No se resolverá favorablemente la concesión de aplazamiento o fraccionamiento cuando los plazos mensuales solicitados excedan las escalas señaladas en los aptdos 2 y 3.

6. El importe mínimo de principal de una deuda a partir del cual se concederá un aplazamiento o fraccionamiento se fija en 300 €. Por debajo de esta cantidad no se resolverá favorablemente la concesión de aplazamiento o fraccionamiento.

7. La cuantía mínima a ingresar en los aplazamientos/fraccionamientos no podrá ser inferior a 80 euros.

8. Los criterios de verificación de la situación económico-financiera serán los siguientes:

No se resolverá favorablemente la concesión de aplazamiento o fraccionamiento a personas físicas cuando los ingresos del titular de las deudas superen, en cómputo anual, cuatro veces el Salario Mínimo Profesional para el año correspondiente a la declaración del impuesto presentada o de la documentación aportada.

No se resolverá favorablemente la concesión de aplazamiento o fraccionamiento a personas jurídicas cuando los resultados de la empresa sean positivos y superen el doble y medio de la cantidad adeudada.

9. Para la aplicación de estos criterios, se adoptarán las medidas oportunas para que junto con la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento se aporte la siguiente documentación complementaria que acredite las dificultades económico-financieras que impiden el pago de la deuda tributaria:

a) Si la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento de deuda la presentan personas físicas la acreditación de la situación económica financiera se probará aportando:

• Copia de la Autoliquidación por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas referida al período impositivo inmediatamente anterior, con plazo de presentación ante la Agencia Estatal de Administración Tributaria vencido a la fecha de la solicitud. Caso de no poder aportar dicha copia, se aportará cualquier otro medio de prueba que acredite de forma fehaciente la presentación y el contenido de dicha autoliquidación.

• En el caso de contribuyentes que no estén obligados a presentar la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, la acreditación de la percepción de ingresos se realizará:

Mediante los certificados de retenciones expedidos por los pagadores de los distintos rendimientos obtenidos (del trabajo, mobiliarios, inmobiliarios, etc.).

En defecto de los anteriores, cualquier otro medio que acredite fehacientemente la realidad y cuantía de las percepciones.

• Declaración jurada de los inmuebles sobre los que sea propietario o titular de un derecho real.
• Declaración jurada de los vehículos sobre los que sea propietario.
• Si es trabajador por cuenta ajena, nómina de los últimos tres meses.
• Si es trabajador autónomo, declaración jurada sobre actividades profesionales o empresariales que ejerce.
• Si no está empleado, Certificado de desempleo del INEM, así como Certificado de las prestaciones por desempleo (o negativo) y Certificado de pensiones del INSS (o negativo).

Toda la documentación se exige de ambos cónyuges, pudiéndose acreditar el estado civil con Certificado del Registro Civil o copia de alguna escritura pública otorgada recientemente.

b) Si la solicitud de fraccionamientos de deuda la presentan personas jurídicas la acreditación de la situación económica financiera se probará aportando:

• Copia de la declaración del Impuesto de Sociedades correspondiente al último ejercicio anterior a la finalización del plazo de presentación de declaraciones.
• En su caso copia de la escritura de constitución de la sociedad.
• Declaración jurada de los inmuebles sobre los que sea propietario o titular de un derecho real.
• Cuentas anuales del último ejercicio aprobado.

Declaración jurada sobre actividades profesionales o empresariales que ejerce (con identificación de los correspondientes epígrafes del IAE), trabajadores empleados, y ubicación, descripción y régimen de uso del local.

ARTICULO 51º – COMPETENCIA Y RESOLUCION

1. La concesión de aplazamientos/fraccionamientos corresponde al Sr. Alcalde-Presidente de la Corporación, y en su caso, por delegación al Concejal-Delegado de Hacienda.

2. Las resoluciones que concedan aplazamientos o fraccionamientos de pago serán notificadas, por el Tesorero, a los interesados y, se especificarán los plazos y demás condiciones de los mismos, debiendo coincidir los vencimientos con los días 5 del mes.

3. Si la resolución fuese denegatoria y se hubiese solicitado en período voluntario, se notificará al solicitante que la deuda junto con los intereses devengados hasta la fecha de la resolución, deberán pagarse en los siguientes plazos:

a) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 del mes posterior o, si este no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

b) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si este no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

Si se hubiese solicitado el aplazamiento en período ejecutivo, en la notificación se le advertirá la continuación del procedimiento de apremio.

4. La presentación de solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento reiterativas de otras anteriores que hayan sido objeto de denegación previa, implicará su inadmisión cuando no contengan modificación sustancial respecto de la solicitud previamente denegada y, en particular, cuando dicha reiteración tenga por finalidad dilatar, dificultar o impedir el desarrollo de la gestión recaudatoria.

La inadmisión implicará que la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento se tenga por no presentada a todos los efectos. Contra el acuerdo de inadmisión cabrá la interposición del recurso de reposición o reclamación económica-administrativa.

5. Cuando no recaiga resolución expresa en el plazo de un mes, deberá entenderse desestimada la solicitud de fraccionamiento/aplazamiento.

ARTICULO 52º – INTERESES DE DEMORA

1. Las cantidades cuyo pago se aplace o fraccione, excluido, en su caso, el recargo de apremio, devengarán intereses por el tiempo que dure el aplazamiento o fraccionamiento, que serán fijados de acuerdo con lo establecido en la Ley General Tributaria o Ley General Presupuestaria, según se trate de deudas tributarias o no tributarias, respectivamente.

2. En aplicación del punto anterior, se tendrán en cuenta las siguientes reglas:

a). El tiempo de aplazamiento se computa desde el vencimiento del período voluntario hasta el término del plazo concedido.

b) En caso de fraccionamiento, se computarán los intereses devengados por cada fracción desde el vencimiento del período voluntario hasta el vencimiento del plazo concedido, debiéndose satisfacer junto con dicha fracción.

ARTICULO 53º – EFECTOS DE LA FALTA DE PAGO

1. En los aplazamientos, el vencimiento del plazo concedido sin efectuar el pago producirá los siguientes efectos:

a) Si la deuda se hallaba en período voluntario en la fecha de la solicitud, se exigirá por la vía de apremio la deuda aplazada y los intereses devengados, con el recargo de apremio correspondiente sobre el principal de la deuda inicialmente liquidada, con exclusión de los intereses de demora. De no efectuarse el pago en los plazos correspondientes, se procederá a ejecutar las garantías para satisfacer las cantidades adeudadas. En caso de inexistencia o insuficiencia de garantía, se seguirá el procedimiento de apremio para la realización de la deuda pendiente.

b) Si la deuda se hallaba en período ejecutivo en la fecha de la solicitud del aplazamiento, se procederá a ejecutar la garantía, y en caso de inexistencia o insuficiencia de ésta, se continuará el procedimiento de apremio.

2. En los fraccionamientos, concedidos con dispensa total de garantías o con garantías constituidas sobre el conjunto de las fracciones, así como en los fraccionamientos con garantías constituidas con carácter parcial e independiente sobre cada una o varias fracciones, los efectos del incumplimiento del pago son los recogidos el artículo 54 del RD.939/2005, de 29 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación.

ARTICULO 54º – GARANTIAS

1. La garantía cubrirá el importe del principal y de los intereses de demora que genere el aplazamiento o fraccionamiento, más un 25 por 100 de la suma de ambas partidas.

2. Como regla general, el solicitante deberá ofrecer garantía en forma de aval solidario de entidades de depósito, acompañando con su solicitud el correspondiente compromiso expreso e irrevocable de la entidad de formalizar el aval necesario si se concede el aplazamiento o el fraccionamiento.

3. Cuando se justifique que no es posible ofrecer garantía en forma de aval, se podrá admitir como garantía las siguientes:
– Hipoteca inmobiliaria.
– Fianza personal y solidaria otorgada por un contribuyente de la localidad que tengan reconocida solvencia ante fedatario público o empleado competente del Ayuntamiento.

Si la justificación del solicitante para la aportación de garantía distinta del aval no se estima suficiente, el órgano encargado de su tramitación lo pondrá en su conocimiento, concediéndole un plazo de diez días para el cumplimiento de lo dispuesto en el apartado anterior, con advertencia de que, si así no lo hiciere, se propondrá la desestimación de la solicitud.

4. La garantía deberá aportarse en el plazo de treinta días siguientes al de la notificación del acuerdo de concesión. Este plazo podrá ampliarse por otro de treinta días cuando el solicitante justifique la existencia de motivos que impide su formalización en el primero de los plazos.

5. Transcurridos ambos plazos sin formalizar la garantía, quedará sin efecto el acuerdo de concesión. En tal caso, se exigirá inmediatamente por la vía de apremio la deuda con sus intereses y el recargo de apremio, siempre que haya concluido el período voluntario de ingreso. Si el aplazamiento se hubiese solicitado en período ejecutivo, se continuará el procedimiento de apremio.

6. Las garantías serán liberadas una vez comprobado el pago total de la deuda garantizada.

7. Dispensa de garantía:

a) No se exigirá garantía cuando el solicitante sea una Administración pública. A tal efecto se entenderán incluidas en ese concepto las entidades públicas empresariales, y excluidas las sociedades mercantiles de capital público mayoritario.

b) También se dispensará de garantía cuando el importe del principal de la deuda cuyo aplazamiento o fraccionamiento se solicite sea inferior a 3.000 euros.

c) Cuando en el procedimiento ejecutivo se haya realizado anotación preventiva de embargo en registro público de bienes de valor suficiente, se considerará garantizada la deuda y no será necesario aportar nueva garantía.

d) Asimismo, el órgano competente para conceder los aplazamientos o fraccionamientos, podrán dispensar total o parcialmente de la prestación de las garantías exigibles cuando se den las circunstancias previstas en el artículo 82 de la Ley 58/2003 General Tributaria

8. Cuando el coste de formalización sea excesivamente oneroso en relación con la cuantía y plazo de la deuda, el obligado al pago podrá solicitar que la Administración adopte medidas cautelares como garantía de la deuda, en sustitución de las garantías referidas en el artículo anterior y de acuerdo con lo establecido en el artículo 81 de la Ley 58/2003. Los costes originados por la adopción de las medidas cautelares necesarias serán a cargo del deudor.

CAPITULO SEXTO: INSPECCION

ARTICULO 55º

Constituyen la Inspección de los Tributos los órganos de la Administración Municipal que tienen encomendada la función de comprobar la situación tributaria de los distintos sujetos pasivos o demás obligados tributarios con el fin de verificar el exacto cumplimiento de sus obligaciones y deberes para con la Hacienda Municipal.

ARTICULO 56º

Corresponde a la Inspección de los Tributos:
a) La investigación de los hechos imponibles no declarados.
b) La integración definitiva de las bases tributarias mediante el análisis y evaluación de aquéllas y la comprobación de las declaraciones y declaraciones-liquidaciones para determinar su veracidad y la correcta aplicación de las normas, estableciendo el importe de las deudas tributarias correspondientes.
c) Comprobar la exactitud de las deudas tributarias ingresadas en virtud de declaraciones-documentos de ingreso.
d) Practicar las liquidaciones tributarias resultantes de sus actuaciones de comprobación e investigación.
e) Realizar aquellas actuaciones inquisitivas o de información que deban llevarse a efecto acerca de los particulares o de otros Organismos, y que directa o indirectamente conduzcan a la aplicación de los tributos.
f) La comprobación del valor de las rentas, productos, bienes y demás elementos del hecho imponible.
g) Verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos para la concesión o disfrute de cualesquiera beneficios, desgravaciones o restituciones fiscales.
h) La información a los sujetos pasivos y demás obligados tributarios sobre las normas fiscales y acerca del alcance de las obligaciones y derechos que de las mismas se deriven.
i) La investigación y comprobación del cumplimiento de sus deberes por parte de los sujetos obligados al pago de los precios públicos municipales.

ARTICULO 57º

Las funciones, facultades y actuaciones de la Inspección de los Tributos se regirán:
a) Por la Ley General Tributaria, en cuanto ésta u otra disposición de igual rango no preceptúe lo contrario.
b) Por la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
c) Por el Reglamento General de la Inspección de los Tributos, aprobado por el Real Decreto 939/1986.
d) Por la presente Ordenanza General de Gestión, Inspección y Recaudación.

ARTICULO 58º

Las actuaciones de la Inspección de los Tributos se iniciarán:
a) Por propia iniciativa de la Inspección, como consecuencia de los planes específicos de cada funcionario, equipo o unidad de inspección, o bien sin sujeción a un plan previo con autorización escrita y motivada del Inspector Jefe o del Jefe del Servicio de Gestión de Ingresos.
b) Como consecuencia de orden superior escrita y motivada.
c) En virtud de denuncia pública.
d) A petición del obligado tributario, únicamente cuando las leyes reguladoras de los distintos tributos hayan establecido expresamente esta causa de iniciación del procedimiento de la Inspección para los particulares efectos que se determinen.

ARTICULO 59º

En cuanto a la iniciación, desarrollo y terminación de las actuaciones inspectoras, así como en lo relativo a las facultades de la Inspección de los Tributos, se estará a lo dispuesto en el Reglamento General de Inspección en desarrollo de la Ley General Tributaria.

ARTICULO 60º

Las actuaciones de la Inspección de los Tributos se documentarán en diligencias, comunicaciones, informes y actas previas o definitivas.
Los actuarios podrán también tomar cuantas notas o apuntes estimen convenientes en papeles de su uso personal exclusivo.

ARTICULO 61º

Son comunicaciones los medios documentales mediante los cuales la Inspección de los Tributos se relaciona unilateralmente con cualquier persona en el ejercicio de sus funciones.
En las comunicaciones la Inspección de los Tributos podrá poner hechos o circunstancias en conocimiento de los obligados tributarios interesados en las actuaciones, así como efectuar a éstos los requerimientos que procedan. Las comunicaciones podrán incorporarse al contenido de las diligencias que se extiendan.
Las comunicaciones, una vez firmadas por la Inspección, se notificarán a los interesados con arreglo a derecho.
En las comunicaciones se hará constar el lugar y la fecha de su expedición, la identidad de la persona o Entidad y el lugar a los que se dirigen, la identificación y la firma de quien las remita, y los hechos o circunstancias que se comunican o el contenido del requerimiento que a través de la comunicación se efectúa.
Cuando la comunicación sirva para hacer saber al interesado el inicio de actuaciones inspectora, se hará constar en ella la interrupción de la prescripción que su notificación, en su caso, suponga.

ARTICULO 62º

Son diligencias los documentos que extiende la Inspección de los Tributos, en el curso del procedimiento inspector, para hacer constar cuantos hechos o circunstancias con relevancia para el servicio se produzcan en aquél, así como las manifestaciones de la persona o personas con las que actúa la inspección.
Deberán constar en diligencia los elementos de los hechos imponibles o de su valoración y los demás que determinan las cuantías de las cuotas tributarias que, no debiendo de momento generar liquidación tributaria alguna, sea conveniente documentar para su incorporación al respectivo expediente administrativo.
En particular, la Inspección hará constar en diligencia para permitir la incoación del correspondiente expediente administrativo:
a) Las acciones u omisiones constitutivas de infracciones tributarias simples, a efectos de su sanción por los Organos competentes.
b) Los hechos que conozca la inspección y sean de trascendencia tributaria para la Administración del Estado o para otras Administraciones Públicas.
c) La identidad de quienes sean responsables solidarios o puedan serlo subsidiariamente de la deuda tributaria, así como las circunstancias y antecedentes determinantes de tal responsabilidad.
d) Los hechos y circunstancias que permitan la incoación del expediente de revisión a que se refiere el artículo 154 de la Ley General Tributaria.
e) Las acciones u omisiones que pudieran ser constitutivas de delitos públicos y llegue a conocer, en su caso, la Inspección en el curso de sus actuaciones.
f) Los hechos que resulten de actuaciones relativas a expediente de devolución de ingresos indebidos.
g) En las diligencias constarán el lugar y la fecha de su expedición, así como la dependencia, oficina, despacho o domicilio donde se extienda; la identificación de los funcionarios o agentes de la Inspección de los Tributos que suscriban la diligencia; el nombre y apellidos, número de documento nacional de identidad y la firma, en su caso, de la persona con la que se entiendan las actuaciones, así como el carácter o representación con el que interviene; la identidad del obligado tributario a quien se refieran las actuaciones y, finalmente, los propios hechos o circunstancias que constituyen el contenido propio de la diligencia.

ARTICULO 63º

La Inspección deberá emitir informe:
a) Para completar las actas de disconformidad o de prueba preconstituida que incoe.
b) Cuando resulte aplicable el régimen de estimación directa de bases tributarias.
c) Cuando se promueva la iniciación del procedimiento especial de declaración de fraude de ley en materia tributaria.
d) Para completar aquellas diligencias que recojan hechos que pudieran ser constitutivos de infracción tributaria simple.
e) Cuando resulte necesario para la aplicación de los tributos y cuando el órgano competente para conceder aplazamiento o fraccionamiento solicite información acerca de la situación económico-financiera y patrimonial de la empresa. Dichos informes serán interesados a través de la Jefatura del Servicio de Gestión de Ingresos.

ARTICULO 64º

1. Son actas aquellos documentos que extiende la inspección de los Tributos con el fin de recoger los resultados de sus actuaciones de comprobación e investigación, proponiendo, en todo caso, la regularización que estime procedente de la situación tributaria del sujeto pasivo o bien declarando correcta la misma.
2. Las actas son documentos directamente preparatorios de las liquidaciones tributarias derivadas de las actuaciones inspectoras de comprobación e investigación, incorporando una propuesta de tales liquidaciones.
3. En las actas de la Inspección que documenten el resultado de sus actuaciones se consignarán:
a) El lugar y la fecha de su formalización.
b) La identificación personal de los actuarios que la suscriben.
c) El nombre y apellidos, número de documento nacional de identidad y la firma de la persona con la que se entienden las actuaciones y el carácter o representación con que interviene en las mismas; así como, en cualquier caso, el nombre y apellidos o la razón o denominación social completa, el número de identificación fiscal y el domicilio tributario del interesado.
d) Los elementos esenciales del hecho imponible y de su atribución al sujeto pasivo, con expresión de los hechos y circunstancias con trascendencia tributaria que hayan resultado de las actuaciones inspectoras o referencia a las diligencias donde se haya hecho constar.
e) En su caso, la regularización que los actuarios estimen procedente de las situaciones tributarias, con expresión, cuando proceda, de las infracciones que aprecien, incluyendo los intereses de demora y las sanciones pecuniarias aplicables, con especificación de los criterios para su graduación, y determinando la deuda tributaria debida por el sujeto pasivo.
f) La conformidad o disconformidad del sujeto pasivo.
g) La expresión de los trámites inmediatos del procedimiento incoado como consecuencia del acta y, cuando el acta sea de conformidad, de los recursos que procedan contra el acto de liquidación derivado de aquella, Organo ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos.
4. En cuanto a las clases de actas y su tramitación, así como en lo concerniente a la tramitación de las diligencias, se estará a lo previsto en el Reglamento General de Inspección.

ARTICULO 65º

1. La Inspección de los Tributos incluirá el interés de demora que corresponda en las propuestas de liquidación consignadas en las actas y en las liquidaciones tributarias que practique.
2. El interés de demora será el interés legal del dinero vigente a lo largo del período en que aquel se devengue, incrementado en un 25 por 100, salvo que la Ley de Presupuestos Generales del Estado establezca otro diferente.
3. Cuando la Inspección no haya apreciado la existencia de infracciones tributarias graves, computará los intereses de demora desde el día de finalización del período voluntario de pago hasta la fecha del acta.
4. Cuando la Inspección aprecie la existencia de infracciones tributarias graves, serán exigibles intereses de demora por el tiempo transcurrido entre la finalización del plazo voluntario de pago y el día en que se practique la liquidación que regularice la situación tributaria.

CAPITULO SEPTIMO: INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS

ARTICULO 66º

1. Son infracciones tributarias las acciones y omisiones tipificadas y sancionadas en las leyes. Las infracciones tributarias son sancionables incluso a título de simple negligencia.
2. Serán sujetos infractores las personas físicas o jurídicas y las entidades mencionadas en el artículo 33 de la Ley General Tributaria que realicen las acciones u omisiones tipificadas como infracciones en las leyes.
3. Las acciones u omisiones tipificadas en las leyes no darán lugar a responsabilidad por infracción tributaria en los siguientes supuestos:
a) Cuando se realicen por quienes carezcan de capacidad de obrar en el orden tributario.
b) Cuando concurra fuerza mayor.
c) Cuando deriven de una decisión colectiva para quienes hubieran salvado su voto o no hubiera asistido a la reunión en que se tomó la misma.
d) Cuando se haya puesto la diligencia necesaria en el cumplimiento de las obligaciones y deberes tributarios. En particular, se entenderá que se ha puesto la diligencia necesaria cuando el contribuyente haya presentado una declaración veraz y completa y haya practicado, en su caso, la correspondiente autoliquidación, amparándose en una interpretación razonable de la norma.
4. Los anteriores supuestos de exclusión de responsabilidad por las infracciones cometidas no impedirán que se liquiden los correspondientes intereses de demora al regularizarse la situación de los sujetos pasivos.

ARTICULO 67º

La calificación de las infracciones tributarias como simples o graves se hará con arreglo a lo previsto en los artículos 78 y 79 de la Ley General Tributaria.
Las infracciones tributarias graves se sancionará con multa pecuniaria proporcional conforme a lo dispuesto en el artículo 87 de la Ley General Tributaria.
Las infracciones tributarias simples se sancionará con multa pecuniaria fija con arreglo a lo dispuesto en el artº. 83 de la Ley General Tributaria.

ARTICULO 68º

1. Las sanciones tributarias se graduarán atendiendo en cada caso concreto a:
a) La comisión repetida de infracciones tributarias. Cuando concurra esta circunstancia en la comisión de una infracción grave, el porcentaje de la sanción mínima se incrementará entre 10 y 50 puntos.
b) La utilización de medios fraudulentos en la comisión de la infracción o la comisión de ésta por medio de persona interpuesta.
c) Cuando concurra esta circunstancia en la comisión de una infracción grave, el porcentaje de la sanción se incrementará entre 20 y 75 puntos.
d) La ocultación a la administración, mediante la falta de presentación de declaraciones o la presentación de declaraciones incompletas o inexactas, de los datos necesarios para la determinación de la deuda tributaria, derivándose de ello una disminución de ésta. Cuando concurra esta circunstancia en la comisión se una infracción grave, el porcentaje de la sanción se incrementará entre 10 y 25 puntos.
e) La falta de cumplimiento espontáneo o el retraso en el cumplimiento de las obligaciones o deberes formales o de colaboración.
f) La trascendencia para la eficacia de la gestión tributaria de los datos, informes o antecedentes no facilitados y, en general del incumplimiento de las obligaciones formales, de las de índole contable o registral y de colaboración o información a la Administración Tributaria.
2. Los criterios establecidos en las letras d) y e) se emplearán, exclusivamente, para la graduación de las sanciones por infracciones simples. El criterio establecido en la letra c) se aplicará exclusivamente para la graduación de las sanciones por infracciones graves.
3. La cuantía de las sanciones por infracciones tributarias graves se reducirá en un 30 por 100 cuando el sujeto infractor o, en su caso, el responsable, manifiesten su conformidad con la propuesta de regularización que se les formule, sin que en ningún caso la conformidad tenga que extenderse para ello a la calificación de la infracción cometida y a la sanción correspondiente.

ARTICULO 69º

En cuanto al procedimiento para la imposición de las sanciones tributarias se estará a lo previsto en el R.D. 2631/1985 y en el Reglamento General de Inspección, en cuanto no resulte incompatible con la reforma de la Ley General Tributaria efectuada por la Ley 25/1995, y hasta tanto ésta sea objeto de desarrollo reglamentario.

CAPITULO OCTAVO: REVISION Y RECURSOS

ARTICULO 70º – REVISION

La Administración Municipal rectificará de oficio o a instancia del interesado, en cualquier momento, los errores materiales o de hecho y los aritméticos, siempre que no hubieren transcurrido cinco años desde que se dictó el acto objeto de rectificación.

ARTICULO 71º – RECURSOS

1. Contra los actos de las Corporaciones Locales sobre aplicación y efectividad de los tributos locales podrán formularse ante el mismo órgano que los dicte el correspondiente recurso de reposición previo al contencioso-administrativo en el plazo de un mes a contar desde la notificación expresa o la exposición pública de los correspondientes padrones o matrículas de contribuyentes.
2. Para interponer recurso de reposición contra los actos sobre aplicación y efectividad de los tributos locales, no se requerirá el previo pago de la cantidad exigida; pero la reclamación no detendrá, en ningún caso, la acción administrativa para la cobranza, a menos que el interesado solicite dentro del plazo para interponer el recurso, la suspensión de la ejecución del acto impugnado, a cuyo efecto será indispensable para solicitar la suspensión el acto impugnado, acompañar garantía que cubra el total de la deuda tributaria, en cuyo supuesto se otorgará la suspensión instada. A tal efecto, no se admitirán otras garantías, a elección del recurrente, que las siguientes:
a) Depósito en dinero efectivo o en valores públicos en la Caja General de Depósitos o en sus sucursales, o, en su caso, en la Corporación o Entidad interesada.
b) Aval o fianza de carácter solidario prestado por un Banco o banquero registrado oficialmente, por una Caja de Ahorros Confederada, Caja Postal de Ahorros o por Cooperativa de Crédito calificada.
c) Fianza provisional y solidaria prestada por dos contribuyentes de la localidad de reconocida solvencia, sólo para débitos inferiores a 601,01 € (100.000 ptas)
3. En casos muy cualificados y excepcionales, podrán sin embargo, las entidades acreedoras acordar discrecionalmente, a instancia de parte, la suspensión del procedimiento, sin prestación de garantía alguna, cuando el recurrente alegue y justifique en su solicitud la imposibilidad de prestarla o demuestre fehacientemente la existencia de errores materiales o aritméticos en los actos sobre aplicación y efectividad de los tributos locales.
4. La concesión de la suspensión llevará siempre aparejada la obligación de satisfacer intereses de demora por todo el tiempo de aquella y sólo producirá efectos en el recurso de reposición.

CAPITULO NOVENO: CLASIFICACION VIARIA

ARTICULO 72º

1. Las clasificaciones de las vías públicas de la Ciudad, a los efectos de aplicación de las ordenanzas fiscales, constituyen anexos de esta ordenanza General y se considerará, a todos los efectos, como parte integrante de la misma.
2. Salvo que en las respectivas Ordenanzas fiscales se incluyan determinadas clasificaciones de calles por categoría, a efectos de la fijación de las correspondientes tarifas, deberán efectuarse éstas con arreglo a las categorías del índice municipal aplicable a Tributos y precios Públicos, o a la clasificación técnica, si el lugar del emplazamiento no figura en aquél.

ARTICULO 73º

1. La propuesta de revisión de la clasificación de las calles a efectos del Impuesto de Actividades Económicas y demás tributos y precios públicos se realizará por una Comisión integrada por una sección técnica y otra participativa, sin perjuicio de su aprobación por el Pleno.
2. La sección técnica estará integrada por personal técnico del Excmo. Ayuntamiento nombrado por el Alcalde.
3. La sección participativa estará integrada por una representación de organizaciones empresariales, profesionales de reconocido prestigio, Asociaciones de vecinos y un concejal por cada partido político representado en el Ayuntamiento.

DISPOSICION FINAL
La presente Ordenanza fue aprobada por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 12 de noviembre de 2007, entrará en vigor a partir de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, empezará a regir a partir del día uno de enero de 2008 permanecerá en vigor hasta tanto que por el Excmo. Ayuntamiento Pleno se acuerde su modificación o derogación expresa.